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[23-Noviembre-2004]

El día después del desarme

 

Donde yo vivo, nuestras casas son aún nuestros castillos.

Nota publicada en el Sunday Telegraph. Autor: Prof. Joyce Lee Malcolm

Si alguien ingresa a tu hogar en la mitad de la noche puedes dar por sentado que no está alli para inspeccionar tu medidor de gas. Pero la ley británica actual insiste que él tiene libertad para hacerlo. Cuando, en la última Navidad, miles de radioescuchas de la emisora Radio 4 Today solicitaron una legislación que les permitiera proteger sus hogares por cualquier medio que resultase necesario, la propuesta fue inmediatamente denunciada como "absurda, brutal, impracticable y sangrienta en todo sentido". Hasta no hace mucho esa "impracticable y sangrienta" legislación era la ley de la tierra. No había ninguna necesidad de abandonar tu hogar, o escapar de cualquier habitación dentro de ella. La casa de un inglés era su refugio, y, ciertamente, su castillo.

Pero no más. En vez de permitir que la gente tenga la capacidad y el derecho de protegerse a sí misma, la respuesta de las autoridades a la reciente serie de ataques brutales a los habitantes de las viviendas ha sido aconsejarle a la gente que coloque más cerraduras, y en caso de una irrupción o intrusión en sus hogares, retirarse a una habitación segura -presumiblemente el baño- para llamar a la policía. No les está permitido esgrimir cualquier arma -no sólo de fuego- para protegerse de la invasión de uno o más intrusos. En consecuencia alguien podría salir lastimado. Si casualmente es el intruso el que resulta lastimado, el propietario será demandado por el ladrón y será enjuiciado por el estado. Aplaudo de corazón la campaña del periódico The Sunday Telegraph para terminar con este lamentable estado de situación.

Felizmente para los estadounidenses, el sentido común aún prevalece en su país; nuestras casas aún son nuestros castillos. Los californianos, por ejemplo, están autorizados a usar la fuerza para protegerse a sí mismos y a su propiedad. La legislación en Oklahoma que permite que el propietario de una vivienda use la fuerza independientemente de la gravedad de la amenaza ha reducido los robos en un orden del 50% desde que esta reglamentación fue aprobada hace unos 15 años atrás.

Lo que la policía británica condena como conducta de "vigilantes" ha dado origen a una tasa de delitos en los Estados Unidos que es el 50% de la tasa en Inglaterra. Y mientras que el 53% de los robos en el Reino Unido se producen cuando alguien se encuentra dentro de su casa, solamente el 13% se lleva a cabo en forma similar en los Estados Unidos, en donde los delincuentes admiten temer más a los ciudadanos armados dentro de sus casas que a las propias fuerzas policiales. Comparativamente los crímenes violentos en los Estados Unidos se encuentran en el mismo nivel de hace 30 años atrás.

¿En qué se ha transformado el castillo de los ciudadanos ingleses? El ciudadano inglés no perdió el derecho y los medios para protegerse a sí mismo en forma repentina. Fue hecho gradualmente durante el transcurso de 80 años de gobiernos que proclamaban luchar contra el delito, pero que realmente estaban más preocupados por levantamientos y desórdenes sociales. Cuando comenzaron esas políticas, los actos delictivos era raros.

Durante casi 500 años, hasta 1954, Inglaterra y Gales disfrutaron de un índice decreciente de delitos violentos. En los últimos años del siglo 19, cuando no existían restricciones sobre las armas, había un homicidio con arma de fuego por año entre una población de 30 millones de personas.

En 1904 hubieron solamente cuatro robos a mano armada en Londres, por entonces la ciudad más grande del mundo.

La eliminación del derecho a la defensa propia comenzó con el Acta de Armas de Fuego de Gran Bretaña en 1920 (Britain 1920 Firearms Act), la primera limitación seria sobre las armas en propiedad de los ciudadanos.

Fue motivada por temor a una revolución del tipo bolchevique más que por una preocupación sobre los propietarios de defenderse a sí mismos contra los ladrones. Cualquiera que deseara tener un arma de fuego debía obtener un certificado del jefe de su policía local certificando que era una persona adecuada como para ser propietaria de un arma y que tenía una razón justificada para ello. La definición de "razón justificada", era libre de ser interpretada a su antojo por cualquier policía y fue gradualmente acotada hasta que, en 1969, el Ministerio del Interior decidió "que nunca deberá ser necesario para alguien poseer un arma de fuego para la protección de su casa o de su persona". Desde que estas reglamentaciones fueron establecidas, hasta 1989 no hubo oportunidad de un debate público.

La defensa propia dentro del hogar también fue legislada progresivamente en forma contraria. En 1953 el Acta de Prevención contra el Crimen (1953 Prevention of Crime Act) convirtió en ilegal el transporte en un lugar público de cualquier artículo "construído, adaptado o con la intención" de un propósito ofensivo "sin autorización legal o una justificación razonable". Cualquier artículo transportado para defensa fue, por definición, convertido en un "arma ofensiva".

La policía tuvo amplio poder para detener y revisar a cualquier persona. Los individuos a los cuales se les encontraba "armas ofensivas" eran considerados culpables hasta que se probara su inocencia. El alcance es tan amplio que un manual de estudio de leyes explica que "cualquier artículo o elemento es capaz de transformarse en un arma ofensiva". Se le indicó a la gente que la sociedad era la encargada de proteger a las personas y a los ciudadanos. Si veían que alguien estaba siendo atacado debían continuar caminando y dejar el trabajo para los profesionales.

Finalmente, en 1967, oculta dentro de una revisión general de la ley criminal, aprobada sin discusión, existió una sección que alteró las normativas tradicionales sobre la defensa propia.

Todo iba a depender en lo que se estimaba como fuerza "razonable" luego del hecho. Nunca resultó verdaderamente razonable defender la propiedad mediante el uso de la fuerza. De acuerdo al Manual de Ley Criminal los requisitos para que los esfuerzos de un individuo de defenderse a sí mismos sean "razonables", "ahora están fijados en términos tan mitigados que siembran duda si aún forman parte de la ley". Una profesora de leyes encuentra "impensable" que el "Parlamento haya inadvertidamente dejado deslizar el antiguo privilegio de la defensa propia. Si tal hubiese sido el caso, habría sido debatido y los miembros difícilmente lo hubieran sancionado". Tenía confianza de que el Parlamente rápidamente corrigiera la situación: " En vista a lo inadecuado de la ley en existencia existe urgencia en tratar el tema". Esta frase fue escrita hace 30 años, y la situación ahora es infinitamente más urgente.

Al mismo tiempo, mientras que el gobierno reclamaba ser el único responsable de la protección de los individuos, adoptaba una actitud más indulgente hacia los delincuentes. Las sentencias fueron reducidas drásticamente, eran pocos los delincuentes cumplían más de un tercio o la mitad de la condena y muchos menos terminaban realmente en la cárcel. Más aún, ellos debían ser protegidos de sus víctimas. A Anthony Martin, el granjero de Norfolk encarcelado por matar a un ladrón y herir a otro, le fué denegada la libertad bajo palabra debido a que su persona implicaba un peligro a otros ladrones. "No puede siquiera ser sugerido", argumentaron los fiscales, "esos ciudadanos dejaron de tener el carácter de tales al cometer delitos criminales", agregando que "una sociedad no puede condonar su crimen o daño absolutamente ilegal". Martin fué condenado a cadena perpetua por defensa propia a causa de este incidente en 1999.

Mientras tanto, en la mayor parte rural de Gran Bretaña no existe presencia policial. Y los estatutos orientados a proteger a la gente se han vuelto en contra de los ciudadanos. Entre los elementos por las cuales han sido convictas personas que los portaban para defensa personal se encuentran: una bolsa de arena, un mango de pico, una piedra y un tarro con pimienta.

Este intercambio de derechos por la seguridad ha sido desastrosa tanto para el derecho mismo como para la seguridad, valga la redundancia. El delito ha tenido una escalada impactante. Un estudio de la ONU en el 2002 sobre 18 países desarrollados coloca a Inglaterra y a Gales en el tope entre los países con mayores delitos del mundo occidental. Cinco años después de la prohibición de armas de puño en 1998, los delitos con armas de puño se han duplicado. Como se predijo en ese momento, el efecto de declarar ilegales a las armas de puño fue el de que solamente los delincuentes estuvieran en poder de ellas.

Los gobiernos recientes han percibido la necesidad de evitar que el público se defienda usando armas de juguete o de imitación. En 1994, un ciudadano inglés, armado con una pistola de juguete, logró detener a dos ladrones que habían invadido su casa a la vez que llamaba a la policía. Cuando la policía llegó, arrestaron al propietario de la casa por usar una imitación de un arma para amenazar o intimidar. En un incidente similar en 1995, cuando una mujer de edad disparó una pistola de cebitas para alejar a un grupo de jóvenes que estaba amenazándola, fue arrestada por sembrar el terror entre esos jóvenes. Ahora la policía está presionando al Parlamento para que se declaren ilegales las armas de juguete que son imitaciones de armas reales.

El impacto sobre los ciudadanos respetuosos de la ley ha sido severo. Sin forma alguna de protegerse a sí mismos, millones de ingleses viven sumidos en el temor de ser agredidos o asaltados. Las personas mayores de edad temen salir a la calle y permanecer en ella. La defensa propia, escribió William Blackstone un jurista del siglo 18, es un "derecho natural que ningún gobierno puede quitar a las personas, ya que ningún gobierno puede proteger al individuo en el instante de necesidad". El actual Gobierno insiste en tener el monopolio en el uso de la fuerza, pero puede solamente imponerla sobre los ciudadanos respetuosos de la ley pero no sobre los que delinquen. Al eliminar prácticamente la defensa propia, se ha quitado la mayor amenaza que sufre el delito: la persona capaz de defenderse a sí misma.

Joyce Lee Malcolm es Profesor de Historia en el Colegio -Bentley College- de Massachusetts, y Consejero Senior Advisor, del Programa de Estudios de Seguridad del Instituto de Tecnología de Massachusetts -MIT- Security Studies Program. Su libro, Guns and Violence (Armas y Violencia- La Experiencia en Inglaterra), está publicada por la editorial de la Universidad de Harvard -Harvard University Press-.


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